Al parecer el 2009 que se nos fue, no quería dejarnos con las manos vacías. Esto es una luz en medio del camino….
“Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito
y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate
público y orienta muchas de las acciones del Estado en la
materia, requiere una discusión abierta y pluralista, capaz de
alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de
seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.”
y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate
público y orienta muchas de las acciones del Estado en la
materia, requiere una discusión abierta y pluralista, capaz de
alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de
seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.”
Con esas palabras son las que de manera tajante se da inicio al “Acuerdo para la seguridad democrática”. Publicado en la página del CELS (como uno de sus ideólogos), ese documento nos demuestra que trabajando en forma conjunta y sobre todo consiente, se puede llegar a soluciones y propuestas inteligentes, ya que el mismo se basa en las realizadas por diferentes sectores de la sociedad, llámese representantes de partidos políticos, religiosos, académicos, expertos en el tema, organizaciones gremiales, legisladores nacionales y provinciales, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Con la noticia, entre otras, del proyecto de ley de creación de un Código Contravencional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Sr. Gobernador y Ministro de seguridad de la provincia, a lo largo de diferentes post (Apareción la MANO -dura- de Scioli, Proyecto de Ley contravencional (Scioli & Cía.) - teoría de las recontra ventanas rotas, Se le saltó la chaveta, La Provincia intenta otorgar a la Policía la facultad de actuar frente a manifestantes encapuchados) hemos tratado tener una posición crítica frente al mismo, por entender que, sobre la base de ideas simplistas y conformistas, se llegaban a soluciones de alguna manera se traslucían en un retroceso institucional. Es decir, que creían que el fondo de problema de la inseguridad se podía resolver atacando aquellas conductas sociales tildadas como “insignificantes”, errando de esa manera el camino, ya que las cuestiones a dilucidar eran otras, como ser cuestiones de corrupción, aquellas propiamente institucionales que debían (o deben) ser modificadas (relativas a cuestiones penitenciaras por ejemplo), etc.
Ahora bien, como creemos que nada del citado Acuerdo tiene desperdicio, el mismo se puede ver acá en la página del CELS, no obstante, entre distintas diferentes temas, se mencionan:
“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.”
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.”
“Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.”
“Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.”
“…Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.”
“Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.”
“Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.”
“Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.”
“La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas…”
“…reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.”
“Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.”
“El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva…”,
“En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.”
“Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.”
“Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.”
Este Acuerdo es de una importancia trascendental, en primera medida por apoyo multisectorial que propició, por otro lado, esperemos que sea la base o el compromiso para la instrumentación de medidas acordes, pero también nos está diciendo que no sólo no desconocen los problemas que inundan a la sociedad, sino que también están dispuestos a contrarrestar desde cada uno de los lugares que ocupan, y con un trabajo conjunto, aquellas medidas repugnantes que intentan introducir personas irresponsables e ignorantes que parece ser que desconocen el respeto por la dignidad de todos los ciudadanos.
Con la noticia, entre otras, del proyecto de ley de creación de un Código Contravencional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Sr. Gobernador y Ministro de seguridad de la provincia, a lo largo de diferentes post (Apareción la MANO -dura- de Scioli, Proyecto de Ley contravencional (Scioli & Cía.) - teoría de las recontra ventanas rotas, Se le saltó la chaveta, La Provincia intenta otorgar a la Policía la facultad de actuar frente a manifestantes encapuchados) hemos tratado tener una posición crítica frente al mismo, por entender que, sobre la base de ideas simplistas y conformistas, se llegaban a soluciones de alguna manera se traslucían en un retroceso institucional. Es decir, que creían que el fondo de problema de la inseguridad se podía resolver atacando aquellas conductas sociales tildadas como “insignificantes”, errando de esa manera el camino, ya que las cuestiones a dilucidar eran otras, como ser cuestiones de corrupción, aquellas propiamente institucionales que debían (o deben) ser modificadas (relativas a cuestiones penitenciaras por ejemplo), etc.
Ahora bien, como creemos que nada del citado Acuerdo tiene desperdicio, el mismo se puede ver acá en la página del CELS, no obstante, entre distintas diferentes temas, se mencionan:
“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.”
“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.”
“Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.”
“Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.”
“…Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.”
“Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.”
“Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.”
“Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.”
“La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas…”
“…reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.”
“Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.”
“El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva…”,
“En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.”
“Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.”
“Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.”
Este Acuerdo es de una importancia trascendental, en primera medida por apoyo multisectorial que propició, por otro lado, esperemos que sea la base o el compromiso para la instrumentación de medidas acordes, pero también nos está diciendo que no sólo no desconocen los problemas que inundan a la sociedad, sino que también están dispuestos a contrarrestar desde cada uno de los lugares que ocupan, y con un trabajo conjunto, aquellas medidas repugnantes que intentan introducir personas irresponsables e ignorantes que parece ser que desconocen el respeto por la dignidad de todos los ciudadanos.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario