domingo, 3 de octubre de 2010

Caso Píparo. Aborto u Homicidio?

A partir de la inquietud planteada aquí en el foro de la página de la Asociación del Pensamiento Penal por un usuario, se comenzó una discusión más que interesante sobre la calificación penal que correspondería darle a los imputados en el caso de Carolina Píparo.

Respecto de los hechos del caso, podemos pasar a la descripción de los hechos reseñados en el fallo por medio del cual el Juez de Garantías N° 2 de La Plata dictó la prisión preventiva de los acusados (ver fallo aquí). Con la salvedad de que si bien los hechos forman la base de todo caso, ya que la plataforma fáctica será aquello en que se sustente nuestra inteligencia a la hora de subsumir una conducta en algún tipo penal, el objetivo de la discusión gira en torno a una interpretación más dogmática de la cuestión.

Por todo ello, los invito a continuar la discusión planteada.

miércoles, 28 de julio de 2010

El teléfono si, pero el número no se toca


La legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó recientemente una ley (todavía no salió publicada en el BO), por medio de la cual obligan a las compañías de telefonía celular a colocar un cartel en todos sus locales con la inscripción:

PORTABILIDAD NUMERICA Es su derecho a mantener el número de teléfono móvil (celular), aun cuando cambie de empresa que le provea el servicio. Establecido en el año 2000 por el Decreto Nacional 764.

Estableciendo de esa manera el derecho que tiene todo consumidor de, ante un eventual cambio de celular o de compañía, esta última está obligada a mantener el número correspondiente.

Según el Decreto 764 se debe entender por Portabilidad numérica a la capacidad que permite a los clientes mantener sus números cuando cambien de Prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en la que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Para el caso de incumplimiento o violación de lo establecido en dicha ley, la empresa será pasible de las sanciones previstas en las Leyes de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), y demás disposiciones vigentes.

Después de esto vamos a ver cuándo Nación se pone las pilas y establece una regulación similar. Dicen que existen un par de proyectos sobre la cuestión que van a ser tratados después de las vacaciones de invierno. Que así sea.

para ver nota completa en la página de Diario Judicial haga click acá

Humor con un toque de realidad


En un avión...

- ¿Cuál es el problema, Sra.? - Pregunta la azafata.

- ¿Es que no lo ve? - Responde la dama - Me colocaron junto a un negro. No soporto estar lado de uno de estos seres repugnantes. ¡Denme otro asiento!

- Por favor, cálmese… - dice la azafata - Casi todos los asientos estan ocupados. Voy a ver si hay un lugar disponible.

La azafata se aleja y vuelve de nuevo algunos minutos más tarde:

- Sra., como yo pensaba, no hay ya ningún lugar libre en la clase

económica.Hablé con el comandante y me confirmó que no hay más sitios disponiblesen la clase económica. No obstante, tenemos aún un lugar en primeraclase.

Antes de que la dama pueda hacer el menor comentario, la azafata sigue:

- Es del todo inusual permitir a una persona de la clase económica

sentarse en primera clase. Pero, vistas las circunstancias, el

comandante encuentra que sería escandaloso obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repugnante.

Y dirigiéndose al negro, la azafata le dice:

- Si el Sr. Lo desea, tome su equipaje de mano, ya que un asiento en

primera clase le espera.

Y todos los pasajeros alrededor, que, sorprendidos, asistían a la escena se levantaron y aplaudieron...


sábado, 1 de mayo de 2010

Día del Trabajador

Mayo es un mes marcado por una historia, una tradición de lucha que arrancó un primero de mayo de 1886 allá en Chicago, cuando un grupo de trabajadores organizó una movilización popular en reclamo de la jornada de ocho horas en una época en que lo “natural” era trabajar entre 12 y 16 horas por día. La mayor democracia del mundo respondió brutalmente y, fraguando un atentado, encarceló a un grupo de militantes populares en los que intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos y por qué no, de todo el mundo.


Tras un proceso plagado de irregularidades, fueron detenidos los dirigentes anarquistas Adolph Fisher, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe. Los cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Lingg prefirió suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la “justicia del sistema”. Miguel Schwab y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Neebe a 15 años cárcel. Miguel Schawb dijo al escuchar su condena que reconocía a aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente que no había nada que demostrar y que ellos luchaban por las 8 horas de trabajo pero que: “Cuatro horas de trabajo por día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable, con arreglo a las estadísticas. Sobraría, pues, tiempo para dedicarse a las ciencias y el arte". Porque, claro, las ciencias y el arte deben ser para todos. Pasaron 109 años de aquellos crímenes de Chicago y pasó mucha agua y mucha sangre bajo el puente. Los obreros de todo el mundo eligieron el primero de mayo como jornada de lucha, de recuerdo de sus compañeros y de lucha por sus derechos, de ratificación de su condición de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían las propias constituciones burguesas que regían la mayoría de los Estados modernos. En nuestro país cada primero de mayo nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no se resignarían a ser una parte del engranaje productivo. La lucha logró la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El poder se sintió afectado y en cada contraofensiva cívico-militar como las del 55; 62; 66; 76 y 89 (esta vez a través del voto), pretendieron y en ocasiones lo lograron, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. Persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones, durante los gobiernos golpistas, amenazas de despidos, rebajas salariales, precarización laboral y la complicidad de algunos dirigentes sindicales, son en los últimos años las armas del poder para mantener y aumentar su tasa de ganancia a costa del sudor ajeno. Un incendio, un “accidente” en un taller textil puso a la vista de una sociedad que tiene una cierta tendencia a la mirada para otro lado: hay esclavos en el siglo XXI, y los hay acá, en Argentina. Trabajadores esclavos, sin derechos pero con muchas obligaciones. El capitalismo salvaje, para algunos una redundancia, nos extorsiona: quieren ropa más barata, éste es el precio. La realidad es otra, márgenes de ganancia escandalosos, avaricia sin límites, un Estado que hace la vista gorda, pero sobre todo la pérdida de valores básicos como la solidaridad, abonada en los 90, épocas hasta donde las leyes que protegían a los trabajadores se volvían tan “flexibles” como inflexibles se volvían las leyes que garantizaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios a los que se les pagaba sueldos y sobresueldos con la excusa de defender los derechos de los ciudadanos e inflexibles se volvían las seguridades jurídicas que, como sabemos, sólo son para los dueños del poder y las cosas. La esclavitud debe dolernos a todos, debemos volver a aquel humanismo que supimos conseguir, a dolernos y solidarizarnos con los más desprotegidos, aquel humanismo que proclamaba el Libertador San Martín cuando abolía la esclavitud en el Perú un 12 de agosto de 1821: “Una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable, y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal: los hombres han comprado a los hombres, y no se han avergonzado de degradar la familia a la que pertenecen vendiéndose unos a otros. Las instituciones de los pueblos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido.”
Autor: Felipe Pigna. Editorial Caras y Caretas, mayo 2006.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar

miércoles, 6 de enero de 2010

Otro palito para el proyecto desgarantizador


En la página de Derecho Penal Online, se publicó un Dictamen del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Mar del Plata contra el proyecto contravencional, el cual contiene adhesión nacional e internacional.

sábado, 2 de enero de 2010

Acuerdo para la seguridad democrática

Al parecer el 2009 que se nos fue, no quería dejarnos con las manos vacías. Esto es una luz en medio del camino….



“Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito
y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate
público y orienta muchas de las acciones del Estado en la
materia, requiere una discusión abierta y pluralista, capaz de
alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de
seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.”

Con esas palabras son las que de manera tajante se da inicio al “Acuerdo para la seguridad democrática”. Publicado en la página del CELS (como uno de sus ideólogos), ese documento nos demuestra que trabajando en forma conjunta y sobre todo consiente, se puede llegar a soluciones y propuestas inteligentes, ya que el mismo se basa en las realizadas por diferentes sectores de la sociedad, llámese representantes de partidos políticos, religiosos, académicos, expertos en el tema, organizaciones gremiales, legisladores nacionales y provinciales, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Con la noticia, entre otras, del proyecto de ley de creación de un Código Contravencional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Sr. Gobernador y Ministro de seguridad de la provincia, a lo largo de diferentes post (Apareción la MANO -dura- de Scioli, Proyecto de Ley contravencional (Scioli & Cía.) - teoría de las recontra ventanas rotas, Se le saltó la chaveta, La Provincia intenta otorgar a la Policía la facultad de actuar frente a manifestantes encapuchados) hemos tratado tener una posición crítica frente al mismo, por entender que, sobre la base de ideas simplistas y conformistas, se llegaban a soluciones de alguna manera se traslucían en un retroceso institucional. Es decir, que creían que el fondo de problema de la inseguridad se podía resolver atacando aquellas conductas sociales tildadas como “insignificantes”, errando de esa manera el camino, ya que las cuestiones a dilucidar eran otras, como ser cuestiones de corrupción, aquellas propiamente institucionales que debían (o deben) ser modificadas (relativas a cuestiones penitenciaras por ejemplo), etc.

Ahora bien, como creemos que nada del citado Acuerdo tiene desperdicio, el mismo se puede ver acá en la página del CELS, no obstante, entre distintas diferentes temas, se mencionan:

“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.”

“La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.”

“Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.”

“Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.”

“…Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.”

“Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.”

“Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.”

“Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.”

“La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas…”

“…reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.”

“Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.”

“El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva…”,

“En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.”

“Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada, y no contribuya como hasta ahora a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.”

“Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.”

Este Acuerdo es de una importancia trascendental, en primera medida por apoyo multisectorial que propició, por otro lado, esperemos que sea la base o el compromiso para la instrumentación de medidas acordes, pero también nos está diciendo que no sólo no desconocen los problemas que inundan a la sociedad, sino que también están dispuestos a contrarrestar desde cada uno de los lugares que ocupan, y con un trabajo conjunto, aquellas medidas repugnantes que intentan introducir personas irresponsables e ignorantes que parece ser que desconocen el respeto por la dignidad de todos los ciudadanos.