El ministro Carlos Stornelli anunció que se diseña una reforma en el régimen de contravenciones, para que las fuerzas de seguridad intercedan en casos de "merodeo, vagancia, ebriedad, peleas de patotas y manifestantes encapuchados"
El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para recuperar el régimen de contravenciones y así facilitad el accionar de la Policía Bonaerense.
Así lo anticipó el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, quien explicó que la iniciativa tiene como finalidad lograr "que la Policía recupere la calle". El funcionario bonaerense detalló además que de aprobarse la propuesta en la Legislatura provincial, los agentes de seguridad podrán actuar ante casos de "merodeo, vagancia, ebriedad, drogadicción y patotas en la calle".
Asimismo, explicó que la iniciativa establece también otorgarle facultades a la Policía para poder intervenir en manifestaciones perpetradas por encapuchados. "Creo que estar en la calle con la cara tapada debe ser sancionado como una contravención", sostuvo Stornelli.
"Estamos estudiando la modificación de las contravenciones, más eficientes y acomodadas a los tiempos, para contribuir a que la policía recupere la calle. Las contravenciones entraron en crisis en los años 80 por excesos de la Policía. Hay actitudes que no contribuyen delito pero que, terminan dando el marco para el delito. Al no haber autoridad policial esto genera atrevimiento, oportunidades", agregó, según publicó el diario La Nación.
El ministro explicó, además, que se crearía como “autoridad de aplicación” la figura del juez contravencional, que sería delegado por los intendentes y su gestión dudaría el mismo tiempo que el mandato de los jefes comunales.
No es una novedad que vivimos en tiempos “guerra”. Desde hace unos años a hoy, más precisamente desde el año 2004 con el resonante caso “Blumberg”, una gran parte sectorizada de nuestra sociedad se ha lanzado a las calles. También la “otra” parte, la más vulnerable, viene ganando las calles. En ambos casos la respuesta estatal no ha sido la misma. Es claro que las contravenciones suponen un poder más directo del poder punitivo del estado respecto de los ciudadanos. Las mismas han resurgido como una manera de enmascarar muchas de las conductas que podían verse en los viejos edictos policiales de la dictadura.
En el artículo se pueden distinguir ciertas características que presentan las teorías del etiquetamiento. En principio, la reacción social es claro disparador de las medidas tomadas por el ejecutivo Provincial. Más allá de que, como en el resonante caso del comienzo, el Estado aprovecha estas situaciones de descontento social frente a determinados hechos que consideran delictivos, para avanzar en una escalada de criminalización de las protestas y de conductas que en nada sensibilizan al ordenamiento penal. Se puede ver entonces que ya no se trata de un delincuente concreto, sino de situaciones impersonales pero que perturban cierto orden añorado.
Es muy chocante el artículo. Obviamente tiene esto que ver con quienes asiduamente frecuentan estos pasquines matutinos-digitales. Donde es el mismo medio quien puede adoptar también la posición de determinar qué conductas deben ser consideradas inapropiadas. De esta manera operan también en la reacción social, como muchos otros medios de comunicación.
Consecuencias de este etiquetamiento pueden verse en ciertos cánticos de los llamados “piqueteros”, donde se hacen cargo de su rótulo y hasta lo cantan orgullosos. Pero nótese que por ejemplo, cuando a las calles salen quienes cantan un himno a las 19 hs –cuando ya todos terminaron su jornada laboral- y manifiestan frente al Congreso, nadie les objeta ni dice nada. Los medios de comunicación no etiquetan, el estado tampoco y ellos sí lo hacen. Son TODOS ARGENTINOS, trabajadores y honestos que no se movilizan por la coca y el choripán. Existe entonces una auto-denominación para etiquetar por el contrario posición a “los otros”.
Por todo esto y lo que se desprende del artículo, no cabe aquí el término “tolerancia”.
Podría decirse que el resultado de este desencadenante proyecto tenga cierta proximidad con las llamadas “ceremonias de degradación de estatus”.
Partiendo de la incansable “indignación moral” por parte de vastos sectores sociales, y la constante estigmatización de los “otros” –nuevamente- actores sociales, se pone en marcha una maquinaria que no hará más que reforzar la identidad de un “ellos” –aquí no me incluyo-; destruyendo literalmente las identidades que se les oponen. Esta es la consecuencia más gravosa que Garfinkel otorga a la denuncia pública, mediante la mencionada ceremonia de degradación.
Refuerza esto, que el “denunciante” lo haga, para tornar de verdadera efectividad el reclamo, en nombre de todos y como portador de valores supremos. El Estado toma así un reclamo social para una vez más, intentar solucionar problemas extendiendo aún más su poder punitivo, allí donde su ineficacia resulta harto evidente. Es claro que todo lo que no sepa cómo manejarse, va a parar a un capítulo del Código Penal [ó Contravencional]
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